BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). Haciendo apología del enorme ensayo político-social-antropológico de Eduardo Galeano, “Las Venas Abiertas de América Latina”, con el título “Las venas abiertas de la Argentina”, que publicamos esta nota editada por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), de Los Polvorines (Pcia. de Buenos Aires), en el año 2018, que da cuenta del tremendo impacto en los pueblos marginados de la Argentina, pero también en las grandes ciudades, del trabajo metido con fórceps por las corporaciones, que depredan campos, montañas, el agua y nos inyectan millones de m3 de soluciones químicas que nos dañan para siempre como seres humanos.
Y claro, son las corporaciones las que pagan a los comunicadores –que se venden por monedas— “para que digan que tal o cual emprendimiento, sea minero o agrícola-forestal-pecuario, está cumpliendo todas las normas del cuidado del medio ambiente”. Nada más mentiroso.
Desde EL SOL ABC hemos dado lugar a reiteradas denuncias contra empresarios depredadores y contaminadores del medio ambiente, por ejemplo: en campos de la provincia de Santiago del Estero, en los límites con la provincia de Tucumán, donde se fumiga glifosato en horarios de la noche y que perjudica a poblaciones de parajes que están cerca de los campos de Juan Brizz, uno de los denunciados.
El artículo de la UNGS
Venas abiertas. Los conflictos ambientales
“Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos”, escribió Eduardo Galeano en el prólogo de Las venas abiertas de América Latina.
La extracción continua y sus efectos sobre la salud de la población y el ambiente son cada vez más evidentes. Pero a la vez crece la movilización social frente a estos emprendimientos que vuelan montañas, fumigan pueblos, contaminan el agua y el aire, ponen en riesgo la salud de la población y limitan su capacidad de progreso.
Los conflictos ambientales derivan del uso, el acceso o la explotación de un recurso natural por parte de dos o más actores con diferentes visiones sobre la utilización y la apropiación de un determinado territorio. Estos conflictos involucran a las comunidades afectadas, a veces pueblos originarios, a empresarios y también a la gestión pública, la política y a la academia.
En la Argentina existen varios tipos de conflictos, asegura el antropólogo Francisco Suárez, investigador docente del área de Ecología del Instituto del Conurbano (ICO) de la UNGS: “Hay conflictos relacionados con la megaminería a cielo abierto y los agronegocios, pero también hay otros relacionados con el desarrollo de mega emprendimientos turísticos y urbanos, con el uso del agua y con determinadas instalaciones industriales o de servicios, como los conflictos que se han dado por la instalación de rellenos sanitarios en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)”.
“En nuestro país y en América Latina los conflictos ambientales son diversos porque la forma de relacionarnos con la naturaleza como sociedad genera cada vez mayores impactos negativos sobre el ambiente”, remarca el ecólogo Carlos Ruggerio, también del área de Ecología del ICO. “En los últimos años vemos que ciertos sectores de la sociedad reclaman cada vez con mayor fuerza su derecho de vivir en un ambiente sano y tienen cada vez más instrumentos, porque hay nuevas leyes que protegen el ambiente y una conciencia creciente a nivel mundial respecto a la defensa del ambiente y a la importancia de vivir en un ambiente sano”, dice. Al cierre de esta edición de Noticias UNGS, Suárez y Ruggerio participaban, como organizadores y expositores, del tercer Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Urbanos (CoLCA), espacio de debate y reflexión que nació en la UNGS en 2014, cuando se realizó su primera edición.
“Hay una cantidad importante de situaciones conflictivas, que algunos autores llaman ‘conflictos de proximidad’, que son poco conocidos porque solo tienen algún tipo de expresión en medios locales o por las redes sociales”, cuenta el abogado Daniel Cassano, del área de Ecología del ICO. Entre ellos, el investigador menciona la subestación transformadora Rigolleau, en Berazategui, y la estación transformadora Ezpeleta, la construcción de la autopista Perón sobre en Parque Pereyra Iraola, en La Plata, y el conflicto con la empresa Klaukol, en Virrey del Pino, denunciada por afectar la salud de los vecinos con las partículas y el polvo que genera.
“En los casos de las subestaciones de Ezpeleta y Rigolleau, los vecinos mantienen una actitud de alerta por con el impacto en la salud, con el relevamiento de casos de cáncer que se vangenerando entre los pobladores”, explica Cassano.
El problema de la basura
En las últimas dos décadas, la gestión de los residuos ganó presencia en la agenda pública de la RMBA. Según datos del CEAMSE, solo en esta región se producen 17.000 toneladas diarias de residuos, es decir que, en promedio, una persona genera un kilo de basura al día. Todos esos residuos, pertenecientes a 42 municipios y a la Ciudad de Buenos Aires, son enviados para su tratamiento y disposición final a tres rellenos sanitarios: los complejos ambientales Norte III (San Miguel), González Catán y Ensenada.
Los impactos de los rellenos ambientales en la contaminación del suelo, del aire y del agua, y en la salud de los habitantes, han sido probados por diferentes estudios y denunciados por organizaciones de vecinos y por funcionarios municipales.
“En la primera década de los años 2000, cuando los rellenos sanitarios se colmaron y comenzaron a atentar contra la salud de la población, podría haberse impulsado un cambio en el tratamiento de los residuos. Sin embargo, los principales actores de la gestión de residuos en el RMBA apostaron por la continuidad del sistema por los beneficios económicos que les había reportado”, cuenta Suárez en su libro en La Reina del Plata. Buenos Aires: Sociedad y residuos, publicado por el sello editorial de la UNGS.
A partir de la emergencia de la actividad cartonera y de la ausencia de lugares para disponer residuos, se elaboraron en los últimos diez años una serie de normativas y programas tendientes a incorporar la recuperación y el reciclado. “Se emprendió el camino de la tinta y las utopías”, enfatiza Suárez. Hace unos meses, en mayo, este camino incluyó un nuevo capítulo, a partir de la modificación de ley de Basura Cero, de la Cuidad de Buenos Aires, que permite la incineración o termovalorización de residuos. La utilización de esta tecnología, que pretende reducir la cantidad de basura que se entierra, genera compuestos tóxicos para la salud y además no es compatible con los circuitos de recuperación y reciclado.
Los basurales a cielo abierto o clandestinos son otro foco del conflicto. “La basura en el territorio aparece en los lugares olvidados: periurbano, cursos de agua, baldíos, villas miseria. Está allí donde la renta urbana no reporta utilidades, donde la sociedad también es ‘residuo’ y donde un arroyo o un río es un sumidero. Es una muestra de la ausencia del Estado y la falta de control social”, dice Suárez. Distintos relevamientos estiman que existen alrededor de 600 hectáreas de basurales en el RMBA, que para el antropólogo son consecuencia de motivos sociales, culturales, políticos, económicos e institucionales: “Sin tener en cuenta la complejidad del problema, las máquinas retroexcavadoras tan solo sirven para limpiar el mismo sitio que pronto se volverá a cargar de residuos”.
Megaminería a cielo abierto
“El Famatina no se toca”, “El agua vale más que el oro”, son algunas de las frases acuñadas en distintas asambleas de vecinos autoconvocados en diferentes puntos del país para frenar los avances de la megaminería a cielo abierto, un modelo de extracción de oro, plata y cobre, entre otros minerales, que implica voladuras de montañas enteras, utilización de grandes cantidades de agua y energía y de productos tóxicos como el cianuro, riesgos de contaminación ambiental y para la salud de la población y transformaciones en el territorio y en las actividades productivas y regionales, como indican las investigadoras docentes del área de Sociología del Instituto de Ciencias (ICI) de la UNGS Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez, que estudian este tipo de conflictos socioambientales.
“El modelo de la megaminería se desarrolla a partir de la inversión extranjera y trae muchas consecuencias en los territorios donde se emplazan estos emprendimientos. Es una actividad totalmente extractiva, se extraen los recursos naturales y se exportan. En la provincia de San Juan, por ejemplo, que es uno de los principales lugares donde se extrae oro a través del proyecto Veladero, casi el 90 por ciento es exportado”, enfatiza Bottaro, licenciada en Política Social.
Además de los casi 15 emprendimientos en marcha, actualmente en la Argentina existirían 435 proyectos mineros, el 82 % de ellos en una etapa inicial, y 20 megaproyectos en etapas de exploración avanzada, que se extienden en 17 provincias, entre ellas Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Neuquén. Los datos surgen de un relevamiento realizado por Bottaro y Sola Álvarez, quienes afirman que es muy difícil obtener información precisa al respecto. “¿Qué representan estos datos para el territorio argentino? Fueron entregados los derechos mineros de distintos territorios que representan aproximadamente el 7 % de la superficie continental de la Argentina, o sea 183 km cuadrados”, subraya la socióloga Sola Álvarez.
El nacimiento de los movimientos de lucha contra la megaminería es uno de los temas de estudio de las investigadoras. “La movilización más grande fue entre fines de los años 90 y comienzos de 2001 y 2002, en la localidad de Esquel, Chubut. Allí la población se informó sobre las características y las consecuencias de estos emprendimientos y se conformó la primera asamblea contra la megaminería en la Argentina”, cuenta Bottaro.
A través de la movilización y acciones legales, las asambleas continúan poniendo en la agenda pública las implicancias de la megaminería, y no sólo en relación con la cuestión socioambiental. Sola Álvarez argumenta: “En los territorios donde las mineras se instalan o pretenden hacerlo, también se ven afectadas las instituciones y la dinámica de la propia democracia, por ejemplo, no se permite la realización de consultas públicas o plebiscitos. Es decir, avanza sin recurrir a los mecanismos con los que cuentan las democracias contemporáneas para dirimir proyectos que impactan fuertemente en las condiciones de vida de la población. No obstante, son siete las provincias que cuentan con leyes que limitan o inhiben el desarrollo de la megaminería en sus jurisdicciones”.
Pueblos fumigados
“Salvo en la producción agroecológica, efectivamente toda la producción de alimentos en nuestro país está asociada al paquete biotecnológico: la cuenca arrocera, el algodón en chaco, el tabaco, la vid, las frutas que consumimos”, afirma Luciana Manildo, socióloga e investigadora docente del ICI, que estudia los impactos económicos, sociales, políticos y culturales del modelo de agronegocios en la Argentina.
El paquete biotecnológico utilizado en la Argentina, y en general sólo asociado al cultivo de soja, implica un uso intensivo del suelo, maquinarias agrarias, semillas genéticamente modificadas y un combo de agroquímicos con efectos nocivos en la salud y el ambiente.
Manildo subraya que la percepción de riesgo es una clave de análisis fundamental en la dinámica de este conflicto: “En la medida en la que sólo puedan percibirse como afectados quienes residen en los pueblos rurales, sigue estando muy presente esta sensación de que esto le pasa a otros, en otro lugar. Tenemos que entender que, si con este modelo se están produciendo alimentos, algodón para usos sanitarios y textiles, todos somos damnificados. Quizá no estamos expuestos de manera aguda, pero sí de manera crónica a bajas dosis”.
En algunas localidades de la Argentina, y gracias a la movilización social, se aprobaron normativas que limitan o prohíben las fumigaciones con glifosato. “Hay que mirar con cierta prudencia estos avances”, advierte Manildo y explica que siguen quedando zonas grises, por ejemplo, no hay medidas para restringir la circulación de los camiones que transportan los bidones de sustancias tóxicas, o del mosquito después de fumigar. “Aun cuando la ordenanza en un municipio sea sumamente restrictiva, si en el municipio de al lado o en el de más allá sigue siendo permisiva, no hay manera de detener el viento. En realidad, lo que falta es una legislación más restrictiva y la rediscusión del modelo”, enfatiza.
Referencia:
https://www.ungs.edu.ar/new/venas-abiertas
