SALTA (Especial-La Insuperable). El Gobierno de Salta convocó, en sólo un mes, a audiencias públicas para habilitar desmontes en siete fincas por un total de 28.311 hectáreas, una superficie equivalente a casi una vez y media la ciudad de Buenos Aires.
Según informan desde Greenpeace, dicha superficie es un 35 % mayor a todo lo talado en la provincia durante el 2020.
“El gobernador Sáenz aprovecha la pandemia de Covid-19 para darle vía libre a los desmontes. En un mes pretenden autorizar más de lo que se deforestó en Salta durante todo el año pasado. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencida desde 2014 y la realización de audiencias públicas con las actuales restricciones de circulación no garantiza la participación ciudadana y de las comunidades afectadas, además de resultar peligroso a nivel sanitario”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“La destrucción de bosques aumenta las enfermedades, como dengue y leishmaniasis. Cuando arrasan los bosques, destruyen el equilibrio de la naturaleza, entre algunos patógenos y las personas, y se promueve el brote de enfermedades. Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del Gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable”, afirmó Cruz.
Los denunciados
El listado de empresas y sus propietarios, que se quiere beneficiar con las medidas adoptadas por el gobierno provincial salteño:
13.257,24 hectáreas en el Establecimiento Ganadero El Tunal, solicitado por Agrone S.A., cuyo presidente es Luis Armani, importante empresario de la construcción vial.
5.724,74 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Chagüaral, solicitado por Quebracho Colorado S.A., de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel.
3.783 hectáreas en la finca Piedra Blanca y Totoral, solicitado por Tranmar S.R.L. y Agro-Inversora Mojotoro S.R.L., vinculada a Martín Wierna, actual auditor de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia de Salta y ex secretario de la Función Pública de la
3.383,45 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Cresud, solicitado por Cresud S.A.C.I.F. y A., cuyos principales accionistas son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain.
1.029 hectáreas en la finca San Isidro, solicitado por EMAISA S.A., vinculada al ingenio azucarero y destilería San Isidro.
662 hectáreas en la finca Los Colorados, solicitado por BABA S.R.L., de los empresarios agropecuarios Sergio Antonio Bárzola y Luis María Bárzola.
472,34 hectáreas en la finca El Molino, solicitado por Campo El Refugio S.A., cuyo presidente es el empresario ganadero Eduardo Agustín Llorente.
“Más desmontes significan más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”, concluyó Cruz.
Fuente: Prensa Greenpeace
NdR: en el marco del renacimiento del proyecto del Norte Grande, tras el impulso del Gobierno nacional, acompañado por los 10 gobernadores de la región, sería muy bueno que el gobernador Sáenz plantee a los empresarios nombrados por la denuncia de Greenpeace, que “si quieren hacer cualquier inversión, la misma la hagan en los parques industriales de Salta o Güemes, Orán, Tartagal o Rosario de la Frontera, buscando darle valor agregado a lo que ya producen en las tierras que ya explotan, para de esa manera frenar el permanente ataque al medio ambiente”. La proyección del Norte Grande es de una singularidad tal, que los mismos empresarios viendo las infinitas posibilidades del mismo serán los que más apoyarán el proyecto.
