En el Gobierno consideran que no es necesario declarar la emergencia alimentaria porque está alcanzada por la emergencia social consagrada por ley en diciembre de 2016. La medida había sido pedida el viernes pasado la Pastoral Social de la Iglesia ante el agravamiento de la crisis económica y su consiguiente impacto social.
En cambio, las fuentes gubernamentales dijeron que estaban reforzando la ayuda alimentaria a los comedores, muchos de ellos gestionados por la Iglesia, tal como lo solicitó la cúpula del Episcopado al presidente Mauricio Macri, durante la reunión que tuvieron la semana pasada.
A ello se suma, apuntaron, la eliminación hasta fin de año del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de la canasta básica, que el Gobierno anunció tras las PASO con un costo fiscal de 10 mil millones de pesos, una medida implementada a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Los informantes precisaron que gracias a la emergencia social vigente se pueden acortar los plazos de las licitaciones para la adquisición de alimentos, de seis meses a 30 días o menos, como de hecho está ocurriendo. Por lo que, insisten, se cuenta con los instrumentos para responder prontamente.
La ley de emergencia social buscó favorecer a la llamada economía popular. Incluyó una ayuda social del orden de los 10 mil millones de pesos para el 2017 para financiar empleos. Creó el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, el salario social complementario y el Consejo de la Economía Popular.
La ley de emergencia social buscó favorecer a la llamada economía popular. Incluyó una ayuda social del orden de los 10 mil millones de pesos para el 2017 para financiar empleos. Creó el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, el salario social complementario y el Consejo de la Economía Popular.
