DENUNCIAN PERSECUCIÓN EN COLOMBIA: desde organizaciones cooperativas de ex combatientes de las FARC ven en peligro sus actividades de reinserción y hasta sus vidas

Vehículo denunciado por ASOCUNT, que ingresó ilegalmente a una cooperativa de los miembros de las FARC. (Foto: ASOCUNT).

CUNDINAMARCA, Colombia (Especial para EL SOL ABC-Por Felipe del Valle Ascondeta). El mundo debe saber lo que viven los pueblos sojuzgados por los patrones y dueños de Colombia, que además viven sometidos a los designios de los norteamericanos, que son los que ponen y sacan a los presidentes.

Con armamento especial y con máquina rastreadora bajo tierra, intimidaron a cooperativistas colombianos. Desde el Gobierno de Duque niegan estos atropellos. (Foto: ASOCUNT).

Mientras el mundo cree que se ha logrado con el ex presidente Santos un proceso de paz con las organizaciones libertarias de Colombia, como se lo ha vendido a todos con mucho marketing, es impensado lograr esa paz, cuando desde los ex combatientes denuncian persecución y asesinatos de líderes sociales. “La idea es matar a los libertarios uno a uno y disimuladamente”, dijo el senador Zúñiga.

A este se suma la Asociación de Construcción Colectiva, Unidad y Transformación cuya sigla es ASOCUNT, es una propuesta asociativa que surge desde ex combatientes de FARC en proceso de reincorporación presentes en el Distrito Capital de Bogotá y el departamento de Cundinamarca.

Desde ellos mismos surge la denuncia: “En estos momentos estamos ejecutando proyecto productivo de granja agroecológica con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, PNUD, Agencia Nacional de Reincorporación y Corprogreso en la finca de Tíbares localizada en la localidad de Usme. De este proyecto se realizó presentación oficial el viernes 26 de febrero ante las siguientes autoridades las cuales hicieron presencia en el sitio: Alta Consejería del Distrito, Secretaría de Desarrollo Económico, JEP, Programa Mundial de Alimentos, ARN, PNUD, Corprogreso, los honorables senadores Israel Zúñiga y Victoria Sandino y ECOMUN”.

Dentro de las agresiones sufridas por personeros del Gobierno de Iván Duque, se pone en evidencia la que sufrieron en los primeros días de este mes en curso: “Nuestra alternativa de proceso productivo en camino de una reincorporación socio económica digna se vio agredida por miembros de la SIJIN, Fiscalía y Policía Nacional con los siguientes hechos que son objeto de denuncia: hoy 3 de marzo siendo las 13.09 agentes de la Policía, SIJIN y de la Fiscalía junto con tres civiles allanaron granja agroecológica Tíbares donde se encontraban trabajando víctimas del conflicto armado de Colombia y ex combatientes en proceso de reincorporación. Dichos funcionarios públicos no mostraron una orden de cateo, no mostraron una orden de allanamiento, no dejaron un acta de su proceso de allanamiento. Los policías llegaron portando armas en las manos y de forma violenta y atemorizante preguntando por ‘permisos de construcción’ y preguntando ‘quién les dio permiso de estar ahí o de sembrar’; se les contesto que estábamos en un proyecto, se les dijo quién era el representante; el policía quería que se llamara al representante. Pidieron las cédulas de los compañeros, los datos de ellos. Los policías les dijeron a los compañeros que tenían que presentarse con la JEP, e indagaron bastantes cosas. Entraron a la habitación donde se estaba colocando el piso colocaron un aparato tecnológico que se describe más adelante, se estaba tomando fotos y un señor de la Fiscalía regañó a la compañera y le dijo que no podía tomar fotos. Entraron también a las otras habitaciones con el aparato estropeando los pisos recién construidos”.

Más adelante la denuncia continúa: “Las chaquetas que portaban los señores tenían rotulo de la SIJIN y de la Fiscalía – CTI portaban armas, esposas y cachuchas y estaban con ellos tres civiles que no se identificaron tampoco y siempre hablaban en voz baja para no ser escuchados. También con ellos llevaban un perro labrador que lo colocaron a oler por todos lados. El total de policías era de 2 agentes, el total de agentes de la SIJIN también eran 2 y Fiscalía eran tres agentes y, por último, había tres civiles que no portaban ni uniformes ni rótulos ni se identificaron”.

Hasta el momento, más allá de esta denuncia de ASOCUNT, se lleva contabilizados más de 400 muertos de ex combatientes y líderes sociales que se hallan desperdigados en zonas rurales tratando de reinsertarse en la vida económica de un país surcado por el narcotráfico y los cárteles manejados por la DEA, en consonancia con el ejército de ocupación de EE.UU. en las distintas bases militares.

Los muertos de líderes sociales son visibilizados, aunque el Gobierno niegue. Hay complementación fuerzas policiales, paramilitares y CIA. (Foto: Télam).

En un informe desde Argentina, dictado por la agencia de Noticias Télam, se da cuenta de este fenómeno que sólo pasa en Colombia: “Grupos defensores de derechos humanos en Colombia denuncian que en los últimos años se produjo en ese país el mayor número de asesinatos de líderes sociales y comunitarios de toda América Latina y que la respuesta del Estado se limitó a fortalecer, aún más, la militarización de los territorios, pese al compromiso asumido en 2016 con el acuerdo de paz.

’’Con estadísticas difíciles de elaborar debido a las características del conflicto, las cifras varían entre más de 400 muertes (desde 2016 hasta 2020), según Human Right Watch (HRW); más de 700 según la Defensoría del Pueblo de Colombia, o más de mil, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

 ”Sólo entre enero y febrero de 2021, ya fueron asesinados 73 líderes sociales y ex combatientes en el país latinoamericano.

’’En diciembre de 2020, el presidente Iván Duque dijo que los asesinatos de líderes sociales no ‘son un fenómeno de su Gobierno, sino que ‘viene de atrás y más atrás’ y que la gran mayoría de ellos se vinculan a la narco-estructura de grupos paramilitares: 78 % son responsabilidad de grupos como ‘Las Caparros’ o ‘Los Pelusos’ “, termina diciendo el referido informe desde la Argentina.