El ginecólogo antiderechos Leandro Rodríguez Lastra fue condenado a dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y un año y dos meses de prisión en suspenso. La decisión fue tomada por la justicia de Río Negro, que ya lo había hallado responsable de detener un aborto legal en curso y obligar a gestar y parir a una joven violada.
Ni el médico ni su defensor, Damián Torres –quien también es abogado del gobernador provincial y apoderado del partido oficialista- – , estuvieron presentes en la audiencia. De todos modos, ya habían adelantado que apelarían, de modo que la condena de momento no queda firme.
El juez Álvaro Meynet, quien ya había hallado responsable de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al médico antiderechos, estableció también que Rodríguez Lastra no podrá “tomar contacto por ningún medio ni bajo cualquier pretexto con (la joven) R.P. (por cuyo caso fue juzgado)”. En caso contrario, la pena de prisión dejará de estar en suspenso. Tanto durante el debate oral como en el juicio de cesura, que delimita condenas, el médico había expresado reiteradamente su intención de hablar con la joven R.P. personalmente.
Por otra parte, durante el tiempo que dure la condena Rodríguez Lastra deberá “abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas”, “mantener su modo de vida dentro de los parámetros de la normalidad” y “presentarse a informar mensualmente ante el organismo de control” sobre su paradero y situación.
El ginecólogo que quiso ser candidato
En la última jornada del juicio de cesura , la fiscalía había solicitado que el ginecólogo, que al momento de detener el aborto que cursaba la joven R.P. era jefe de servicio en el hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti, fuera condenado a un año y ocho meses de prisión y el doble de inhabilitación para el ejercicio de la medicina.
El defensor Damián Torres –quien también es abogado del gobernador provincial y apoderado del partido oficialista- – pidió que la pena sea de tres meses de prisión en suspenso y el doble de tiempo de inhabilitación. Además, rechazó, como solicitó la fiscalía a cargo de Santiago Márquez Gauna y Annabela Camporesi, que Rodríguez Lastra sea obligado a formarse en consentimiento informado y perspectiva de género.
Rodríguez Lastra no se encuentra ejerciendo su cargo de jefe del servicio de ginecología del hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti, desde hace meses, cuando pidió licencia psiquiátrica. La solicitud precedió el debate oral y también el comienzo de la campaña que emprendió en su efímera trayectoria como precandidato a diputado nacional por Ciudad de Buenos Aires en la lista del Partido Demócrata Cristiano que no superó el umbral mínimo de votos en las Paso.
Un caso que los antiderechos quisieron convertir en épica
Desde mayo, cuando comenzó el debate oral contra el ginecólogo, activistas antiderechos de distintos sectores fundamentalistas que operan en política buscaron convertir al proceso contra Rodríguez Lastra en un caso testigo.
Ese día, estaba también en la puerta, animando una pequeña manifestación, la activista antiderechos rionegrina Nadia Márquez, a quien reconoce como referente en Cipolletti el espacio político “Valores para mi país” (el sello del viejo partido político liderado por la evangélica y ex diputada Cynthia Hotton, resucitado este año de la mano de Cecilia Pando, el ex cura Alejandro Geyer, el carapintada macrista Juan José Gómez Centurión, entre otros). Márquez, hija de un pastor con fuerte peso político en la provincia, está vinculada al colegio privado evangélico AMEN, cuyo referente nacional más visible es el diputado nacional por Neuquén David Schlereth (Cambiemos). Durante los días siguientes se acercaron otros militantes antiderechos, como el Secretario de Salud y Bienestar Familiar de San Miguel, Pablo de la Torre, quien procuró retratarse con el imputado y carteles en su favor.
Justamente días antes del comienzo del juicio, el diputado nacional Schlereth entregó al médico Rodríguez Lastra un “reconocimiento” por el episodio que lo llevó a ser juzgado. Lo hizo, contó el diputado Schlereth, “en nombre de casi 30 diputados nacionales que representan a 16 provincias”.
