BUENOS AIRES (A). Muchas promesas, pocas obras, fabulosos negocios y negociados con la obra pública, con cero inversión y sin riesgo alguno, que sólo han beneficiado y siguen beneficiando a los amigos del poder, la Cámara Argentina de la Construcción y al nefasto “club de peaje” generado en los “90”. Todo por encima de la defensa del interés y bienestar general.
Con un sistema ferroviario devastado, la red vial nacional y provincial se ha convertido en un elemento vital para permitir el desarrollo productivo del país. Esto implica que casi todo el transporte de cargas y pasajeros se haga por caminos. Sin embargo, a juzgar por el mal estado de muchas rutas, las autoridades correspondientes no consideran esto como algo prioritario. La falta de obras en materia de infraestructura vial genera graves perjuicios para toda la sociedad en su conjunto.
Soñar con la recuperación del ferrocarril es ser demasiado optimista, por lo que las mejoras en caminos a través de métodos adecuados de financiamiento, debería ser moneda corriente para el bien de la Argentina. Las malas condiciones de las rutas no atentan solo contra el sector productivo, también, y más grave por cierto, afectan de manera directa contra la vida.
En la actualidad un elevado porcentaje de la red caminera está en mal estado, no cumpliendo con los estándares admisibles para su utilización. Prácticamente no se ha hecho ningún cambio estructural para modernizar nuestra red vial, ya sea concesionada por el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta o no, conservando una estructura básica idéntica a la década del 30.
Hacer hincapié en los beneficios de una buena inversión
Es inaceptable que no se haya podido lograr a través de tantos años de “democracia” una infraestructura moderna, ni desterrar la corrupción en la obra pública, exhibiéndose así un permanente y gran déficit en la materia. La infraestructura vial debe ser considerada política de Estado, y sin embargo quienes han gobernado y gobiernan, tanto a nivel nacional como provincial, han demostrado una indiferencia total sobre este tema tan importante para el desarrollo del país, para mejorar las economías regionales, para lograr un efectiva baja en el costo de transporte, y fundamentalmente para reducir el elevado índice de accidentes y siniestros viales, entre otras ventajas y beneficios para toda la comunidad en su conjunto.
Lejos de profesionalizar a Vialidad Nacional y a las vialidades provinciales, se observa que en general se han ocupado cargos con personas que no tienen incumbencias ni sustento científico para ejecutar un plan de obras en toda la red vial. Las consecuencias de estos nombramientos son nefastas porque, la planificación, el estudio, el proyecto, el diseño y la construcción de las rutas pueden quedar en manos inexpertas.
Se habla solamente de estadísticas, controles y educación vial, pero poco y nada se dice de la falta de obras de infraestructura que son necesarias para contar con una red vial en perfecto estado de transitabilidad. La seguridad vial es un trípode que se asienta en tres pilares: educación, control e infraestructura. Todos ellos son igualmente necesarios. Un trípode no puede sostenerse si falta alguno de sus apoyos.
Ante esta lamentable situación, las entidades firmantes reiteramos la propuesta de:
* Implementar en forma urgente, un verdadero proyecto vial que contemple toda la red caminera del país, exhortando al Gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a quienes nos representan, a reasignar en forma efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles que recauda más de ciento cuarenta mil millones de pesos anuales ( $ 140.000.000.000), permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento de todo el sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, “sin barreras” y sin pago de “falsos peajes”.
* Esto implica mantener, mejorar y ampliar la red caminera de la Argentina, favoreciendo el desarrollo del país, generar inversión y puestos de trabajo, mejorar la situación de las economías regionales, disminuir el costo de transporte, reducir el índice de accidentes y siniestros viales, entre otros tantos beneficios para toda la sociedad en su conjunto.
* Crear en el ámbito del Congreso nacional, una “comisión de seguimiento de los fondos viales”, especialmente del Impuesto a los Combustibles, con la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, de manera que no puedan ser malversados y desviados a otros fines que no sean obras de infraestructura vial.
* Finalizar con el régimen de cobro de peaje directo con cabinas de cobro en las rutas “abiertas” nacionales y provinciales, por ser un verdadero fracaso y fundamentalmente por ser inconstitucional (se cobra peaje sobre rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago), por existir una doble imposición, por inviable y antieconómico por el bajo caudal de tránsito, por injusto y discriminatorio (algunos pagan y otros no, de acuerdo al tramo que se utilice), y por actuar como un cargo económico y un impuesto al tránsito, incrementando el costo de transporte.
* Rejerarquizar a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), desmantelada premeditadamente para generar la implementación del nefasto régimen de “falso peaje” en nuestra red vial, reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de nuestras rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola realmente en el organismo rector de la política vial nacional y provincial, recuperando así las funciones propias cedidas a otros organismos.
* Disolver en forma urgente las empresas “estatales” creadas, burocráticas e innecesarias, paralelas a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a las direcciones provinciales, como son Corredores Viales S. A. a nivel nacional, AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) en la provincia de Buenos Aires y Caminos de las Sierras S. A. en Córdoba, y en las cuales han desembarcado dirigentes políticos que no tienen la experiencia ni antecedentes profesionales sobre el tema en cuestión.
Firman este comunicado: Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial y Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional
NdR: Desde nuestro punto de vista, es el Estado nacional el que debe ser el único órgano de contralor como de cobro de los peajes, para que in situ logre los mejoramientos y reconstrucción de la red vial nacional, con precios mínimos acordados por el Ministerio de Transporte de la Nación. Toda infraestructura de las actuales empresas de cobro de peajes debe quedar a cargo de cada Vialidad Provincial. O sea, debe ser cada Estado provincial el que se haga cargo del mantenimiento o reconstrucción de su red vial dentro de los límites de la provincia. Sean sus rutas nacionales o provinciales.
