SANTIAGO DE CHILE, Chile (Especial para EL SOL ABC). El sitio web El Mostrador presenta hoy la opinión del columnista Francisco Orrego, quien vierte “opinión negativa, con una serie de argumentaciones no muy claras respecto al proyecto presentado la senadora Norma Durango (Partido Justicialista), quien el 2 de marzo pasado ingresó una iniciativa que busca modificar el Artículo 6 de la Ley 23.968, de Líneas de Base y Delimitación de Espacios Marítimos desde todas las costas argentinas. El proyecto, consignado en la página web del Senado argentino, pretende que se demarque ‘con carácter definitivo y obligatorio’ el ‘límite exterior de la Plataforma Continental Argentina trazado de acuerdo con los puntos consignados en la presentación de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, y adoptados por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ‘ ”.
La columna de Orrego en El Mostrador dice lo siguiente:
El brazo largo del gobierno de Argentina
Los efectos geopolíticos del proyecto de ley una parlamentaria oficialista del gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, de delimitar la plataforma continental con el objetivo de fortalecer la presencia soberana del país transandino en el Mar de la Zona Austral y en la Antártica, son muy graves para Chile. Más allá de los aspectos jurídicos y técnicos que involucra la cuestión, lo concreto es que la pretensión argentina “bloquea la proyección de las línea de base rectas chilenas hacia el sudeste del punto “F” establecido en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. En términos simples, impide la continuidad territorial de Chile en la natural proyección de la Región de Magallanes, desde el Cabo de Hornos y Diego Ramírez hasta el Polo Sur”.
Algunos pensaban que la elección de Alberto Fernández como Presidente de Argentina, iba a pasar inadvertida para la relación bilateral entre ambos países. Pero no ha sido así. A raíz de una Nota Diplomática de nuestra Cancillería, la opinión pública chilena se enteró -sorpresivamente- de la existencia de un proyecto de ley, presentado en marzo último ante el Senado argentino, por una parlamentaria del Partido Justicialista (léase de gobierno), a instancias del Ejecutivo, para delimitar la plataforma continental argentina con el objetivo de fortalecer la presencia soberana del país transandino en el Mar de la Zona Austral y en la Antártica.
Frescos en nuestra memoria están los hechos que derivaron en la Mediación del Papa Juan Pablo II en 1978, luego de que el gobierno argentino de la época desconociera el laudo arbitral en el Caso del Beagle, declarándolo como “insanablemente nulo”, pasando por alto todos los principios y normas del Derecho Internacional. Después de casi 7 años de mucha tensión y esfuerzo ambos países llegaron a un entendimiento en materia limítrofe marítima mediante la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984, lo que fue enormemente celebrado y apreciado por los pueblos e Iglesias de ambos países, que siempre desearon la paz.
Gracias a la acción mediadora del Sumo Pontífice, y a la participación de notables diplomáticos y juristas chilenos, se ponía término a uno de los periodos más críticos en nuestra relación bilateral entre ambos países y se abría, al mismo tiempo, un espacio de confianza y cooperación que benefició muchos ámbitos de la relación bilateral. Esta agenda de cooperación bilateral, que sigue muy vigente, es de largo plazo y no se agota en un gobierno de turno. Pero ella no impide ni es contradictorio que advirtamos sobre lo inoportuno, inconveniente e inamistosa de la conducta del Gobierno argentino. La miopía no puede llevarnos a pensar que la relación bilateral nace y termina con el actual Gobierno de Argentina.
A partir del Tratado de 1984, muchos chilenos creíamos superadas las desconfianzas con los gobiernos argentinos. Hasta que llegaron los kirchneristas el poder. Y a partir de ese momento, empezaron a surgir las dificultades. La mala experiencia de años atrás con el grave corte del suministro de gas bajo el mandato de Néstor Kirchner es un buen ejemplo. Poco les importó en ese entonces que hubiesen convenios bilaterales en materia gasífera. Por otra parte, también hemos sido testigos del incumplimiento reiterado de sus compromisos con los acreedores internacionales y de los fallos arbitrales en materia de inversiones extranjeras (CIADI), olvidando o menospreciando por completo el concepto de “Pacta Sunt Servanda” (lo pactado obliga). Hoy, en el concierto internacional, el actual Gobierno argentino no se destaca, precisamente, por su confianza.
En ese contexto debe analizarse la nueva pretensión argentina en el mar austral. En esta oportunidad, el gobierno argentino busca consolidar, a través de un acto unilateral e inoponible jurídicamente a nuestro país, sus supuestos derechos sobre la plataforma continental en el Mar Austral en desmedro de los intereses marítimos y antárticos chilenos, desconociendo el Derecho Internacional y haciendo una interpretación caprichosa y antojadiza de la Convención de Nacionales Unidades sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), de 1982, y del Tratado de 1984. Ni más ni menos.
Los efectos geopolíticos de esta medida son graves para nuestro país. Más allá de los aspectos jurídicos y técnicos que involucra la cuestión, lo concreto es que la pretensión argentina “bloquea la proyección de las línea de base rectas chilenas hacia el sudeste del punto ‘F’ establecido en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. En términos simples, impide la continuidad territorial de Chile en la natural proyección de la Región de Magallanes, desde el Cabo de Hornos y Diego Ramírez hasta el Polo Sur”, según se explica en un último informe del centro de estudios AthenaLab. Así, el brazo largo del Gobierno argentino viene a revivir los fantasmas de su expansión territorial en la zona austral.
La experiencia reciente con Perú ante La Haya, nos indican que este tipo de casos no surgen de la noche a la mañana, sino que se preparan estratégica, jurídica y técnicamente durante años. Nada es casual ni espontáneo. Si bien las pretensiones del gobierno kirchnerista en esta materia no son recientes (y datan, a lo menos, desde del 2009), y reconociendo que la prudencia es un elemento importante en el manejo de las relaciones internacionales, resulta entendible el interés de la opinión pública por conocer algunos aspectos centrales de la controversia.
Por ahora, lo que se necesita es abordar esta nueva diferencia bajo un criterio de política de Estado. Los chilenos debemos rechazar enérgica y categóricamente la pretensión argentina y apoyar con firmeza –y altura de miras– las gestiones que realicen nuestras autoridades diplomáticas para la defensa de nuestra soberanía e intereses geopolíticos, en el entendido que se asumirá una actitud proactiva frente al tema y serán convocados los mejores especialistas chilenos y extranjeros en la materia. No hay más tiempo que perder. Mientras tanto, esta pluma nos descansará en apoyar a la Cancillería, defendiendo los intereses superiores del país y al mismo tiempo promover la cooperación y amistad con nuestros vecinos.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Fuente: https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/07/el-brazo-largo-del-gobierno-de-argentina/
