BUENOS AIRES (Especial-ARBIA). Aunque no es todo lo que se querría, pero es un buen comienzo el decreto presidencial que habilita al Estado nacional recuperar el control de la vía fluvial troncal, que es el río Paraná y sus afluentes.
La Hidrovía va a estar bajo control estatal. En un primer período, de 12 meses, se licitará el mantenimiento bajo control de la Administración General de Puertos. El año próximo, una licitación de obras y servicios de dragado con “fuerte presencia del Estado Nacional y participación de las provincias”. Lo anticipó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. El ministro de Transporte, informó que ya está a la firma del presidente de la Nación “un primer decreto por el cual se faculta a la Administración General de Puertos a llamar a una licitación corta” para las tareas de mantenimiento de la red fluvial troncal del río Paraná, llamada Hidrovía, por el término de doce meses.
Lo que se va a realizar
Por ese lapso, “el sistema va a estar bajo control estatal, en cabeza de la AGP”, señaló el ministro, quien agregó que “el objetivo de esta licitación corta es darnos tiempo suficiente para la confección de la licitación larga (que se materializará en un segundo decreto), que es la que incluiría las nuevas obras que plantea el sistema Hidrovía, por ejemplo: las que piden los gobernadores” de las provincias costeras de este sistema fluvial. Anunció, además, que en este período de doce meses “ya comenzará a funcionar el cobro del canon del Estado por parte del AGP y a través de la cuenta derivadora a la que ingresan, se les paga a las adjudicatarias de las tareas de dragado y balizamiento por las tareas realizadas”. Es decir, el sector privado deja de cobrar directamente a las empresas exportadoras el “peaje” o canon por el uso del río. El fin de la prolongación de la concesión en los términos que rigieron en los últimos 25 años y el cobro del peaje o canon a cargo de un organismo del Estado, son dos de las reivindicaciones centrales que vienen planteando el senador Jorge Taiana y otros críticos, desde la misma alianza de gobierno, a la privatización de la gestión del transporte fluvial.
Durante la vigencia de la anterior contratación, adjudicada en 1995, “el Estado ni siquiera materializó este ente de control que preveían los pliegos originales”, cuestionó el ministro. “Lo que va a suceder a partir de esa nueva licitación, que va a llegar a su adjudicación probablemente en un año y medio, es una presencia fuerte del Estado Nacional y una participación activa de las provincias que también están involucradas en estas vías navegables”.
