CAMPANA, Buenos Aires (Especial para EL SOL ABC). El Ministerio de Seguridad de la Nación y la AFIP están trabajando en forma conjunta y por esos los resultados, dijeron luego de detectarse numerosas anomalías en el puerto de Campana y luego en un depósito fiscal de Rosario.
De acuerdo a las últimas investigaciones de agentes federales, “el hilo nacería en productores que antes vendían a Vicentin y que luego fueron estafados por esta firma que está en concurso y que, además, firmas de contadores y abogados, ligadas a las sociedades rurales de varias localidades de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, serían las que estarían induciendo a sus clientes a evadir impuestos, por lo que estarían creando todo una infraestructura para delinquir”.
Por ello, piden a la AFIP tomar las riendas y poner drásticas sanciones como la suspensión definitiva del CUIT a los “productores que ya no producen para bien de sus familias, sino que directamente están en componendas, donde por supuesto hay caldo político, para perjudicar al fisco nacional, y, por ende, al Gobierno”, dijeron nuestras fuentes consultadas.
Siguen las investigaciones
Mientras tanto desde Télam informaron que “la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó el mayor decomiso de granos en la historia del organismo, y en un solo procedimiento, la Dirección General Impositiva (DGI) secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana. Además, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont incautó otras 502 toneladas de soja en un depósito fiscal en Rosario, tras detectar irregularidades en la documentación respaldatoria de la mercadería que pretendía ser exportada a Paraguay en camiones con patente y choferes del país vecino.
Según informó la AFIP, las 8.100 toneladas decomisadas por la DGI-AFIP equivalen a unos 300 camiones, y el valor de mercado del maíz decomisado supera los $ 160 millones, de acuerdo con los precios de plaza vigentes. Asimismo, la evasión estimada con la operatoria desarticulada por la DGI-AFIP supera los $ 65 millones, y la empresa identificada pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay.
La investigación comenzó tres meses atrás cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta. La primera medida que tomó la DGI-AFIP fue la interdicción de los granos para investigar el origen de las 8.100 toneladas de maíz.
La fiscalización fue sobre inconsistencias en el origen del maíz, y por ese motivo, las áreas operativas solicitaron información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana. La pesquisa permitió detectar que los productores que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa.
En Rosario lo mismo
Asimismo, el diario Página 12 informó sobre los distintos procedimientos llevados a cabo en la ciudad de Rosario, uno de los focos de corrupción más grandes del país, a suerte de la investigación surgida luego de la mega estafa al Estado de parte de la firma cerealera Vicentin, que no sólo maneja puertos sobre el Paraná, sino que está ligada con financieras y bancos locales que son utilizados para el blanqueo de dinero que proviene del narcotráfico. Se logró hallar conexión con empresas cerealeras y de transporte que tienen sede en varias localidades del departamento Anta en la provincia de Salta.
Con respecto a Rosario, Página 12 también informó que “AFIP incautó 502 toneladas de soja en un depósito fiscal en Rosario tras detectar irregularidades en la documentación respaldatoria de la mercadería, que pretendía ser exportada a Paraguay en camiones con patente y choferes del país vecino. La investigación de las distintas áreas del organismo permitió constatar inconsistencias como la falta de capacidad económica del operador, así como la ausencia de la carta de porte electrónica, la única documentación válida para trasladar granos dentro del país”.
El procedimiento de la AFIP consistió en una verificación física y cruce documental en un depósito fiscal que culminó con el secuestro de los 16 camiones con patente paraguaya que tenían previsto exportar la soja al país vecino.
La incautación se originó con una investigación de la Dirección General de Aduanas que permitió activar el control exhaustivo de la documentación. Se requirió al exportador la ampliación de la información, así como comprobantes que respalden la legítima adquisición de las 502 toneladas de soja.
La DGI, por su parte, advirtió de las inconsistencias en la trazabilidad de la mercadería. Las tareas de control permitieron identificar que se trataba de un nuevo productor observado por carecer de capacidad económica, que ya se encontraba bajo una fiscalización producto de la utilización de facturas apócrifas. Además, se encontraba sin la documentación respaldatoria correspondiente para transportar el grano de una localidad a otra dentro del país, que es la carta de porte electrónica.
Finalizada la investigación, se llevó a cabo en Rosario el procedimiento en el depósito fiscal en el que se encontraban los 16 camiones de patente paraguaya con las 502 toneladas de soja en el que participaron la Aduana, la DGI y la Gendarmería, que culminó con la interdicción de la mercadería y la detención preventivamente de los choferes paraguayos, con aperturas de causas penales.
