SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN, Salta (Especial para EL SOL ABC). La compañía Seabord se comprometió a un monitoreo, análisis de alternativas y variables constructivas con tecnología superior entre otras medidas. A posterior, se realizará una auditoría socio-ambiental.
Luego de un proceso llevado adelante por el Centro de Mediación del Ministerio Público Fiscal, la Empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L llegó a un acuerdo con la fiscal Civil, Comercial y del Trabajo del Distrito Orán, Marcela Fernández, en el cual se comprometió voluntariamente a una renovación de los criterios de explotación de sus concesiones, suministros 712 y 713 correspondientes a los ríos Blanco y Pescado, otorgadas por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta.
El caso fue derivado a mediación por la fiscal penal, a solicitud de la Empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L.
En dicho contexto de negociación intervino el Área de Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), pudiendo advertirse que las concesiones para el uso de agua eran de muy antigua data y estaban sometidas a criterios de explotación que justificaban una adecuación a los estándares vigentes en materia de explotación de los recursos naturales desde el paradigma actual del modelo eco-céntrico o sistémico.
Por tal razón y en virtud de las funciones atribuidas por la ley al Ministerio Publico, se iniciaron conversaciones técnico-ambientales que culminaron en un acuerdo de naturaleza ambiental, que consiste en un monitoreo ambiental, análisis de alternativas a las obras de suministros por terraplén y canales existentes, junto a la variable constructiva que represente la mejor tecnología disponible, y una auditoría socio ambiental, auditada por el Ministerio Público Fiscal, bajo especificaciones técnicas concretas.
En el proceso de diálogo participaron también la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Asuntos Indígenas.
Audiencia pública
Con posterioridad a la firma del acuerdo, la fiscal Marcela Fernández inició el trámite homologatorio del acuerdo ante el Juzgado Civil y Comercial N°1 del Distrito Orán, a cargo de Eugenia Fernández de Ulivarri, quien, en virtud de la naturaleza colectiva de la acción, corrió vista a la Procuración General.
Es así como la Procuración General se expidió opinando que la jueza interviniente debe proceder a certificar el trámite como homologación colectiva ambiental, registrando el proceso en los términos de la Ley Provincial 7968.
En el marco señalado, la jueza Eugenia Fernández de Ulivarri convocó a audiencia pública informativa la que se llevó adelante los días 1 y 2 de diciembre del corriente año en el la ciudad San Ramón de la Nueva Orán y se transmitió por el canal de YouTube del Poder Judicial de Salta. En los mismos días se realizó un reconocimiento del área del conflicto en horario matutino.
La audiencia pública tuvo como objetivo poner en conocimiento la existencia del Acuerdo, su trámite homologatorio y escuchar a diferentes sectores de la sociedad.
Las autoridades intervinientes
La audiencia estuvo encabezada por la jueza en lo Civil y Comercial N°1 del Distrito Orán Eugenia Fernandez de Ulivarri. Participaron Marcela de los Ángeles Fernández fiscal Civil, Comercial y Laboral del Distrito Orán como parte firmante del acuerdo. También Sebastián Lloret, secretario relator de Ambiente del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de Salta; Gladys Reynoso, asesora de Menores de Orán N°1; del Área de Ambiente del Cuerpo de Investigación Fiscal (CIF), José Manzano y Eliseo Joel Medina; por la Secretaría de Recursos Hídricos David Le Favi y Alfredo Sulekic; los mediadores intervinientes Nancy Valencia Donat, María Lelia Martínez y Sergio Arch; apoderados y técnicos de la empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L, técnicos de la empresa Pacha Consultora Ambiental contratada por la empresa Seabord para realizar las actividades comprometidas en el acuerdo, representados por Ariel Martínez, presidente de la comunidad Ava Guaraní, integrantes de la comunidad originaria y otros ciudadanos de la sociedad en general.
Hacia el final de la reunión, Eugenia Fernández de Ulivarri manifestó que luego de convocar a terceros (Ramón Tuma; finca Abra Grande, de Mario Gerala; Aguas del Norte; y varias canteras de explotaciones de la zona) y cumplidos todos los pasos procesales, emitirá su resolución y solicitará las medidas tendientes a evitar o mitigar cualquier daño ambiental que, eventualmente, se compruebe, en resguardo de los intereses de los habitantes de la ciudad de Salta, usuarios de agua pública, que constituyen el colectivo que pudiera verse afectado.
Fuente: Prensa MPFS
