BUENOS AIRES (Especial para EL SOL ABC-Por Soledad De Marco). En agosto de 2019, con el apoyo de Open Society Foundations, se realizó una investigación sobre el impacto que la creciente participación de actores privados y la introducción de lógicas de mercado en la educación produce en la inclusión de las personas con discapacidad. Ese informe fue elaborado como material de referencia en el marco del Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación de UNESCO realizado en Cali, Colombia en septiembre de ese año, e incorporada a su Biblioteca Digital, y fue asimismo presentado en la Conferencia Anual de la Comparative and International Education Society (CIES) de 2020. En esta ocasión, presentamos su adaptación al idioma español para su difusión en Argentina y en la región.
“A partir de una profunda revisión de la bibliografía existente, del estudio de casos de algunos países y de entrevistas a diversas representantes de organizaciones de la sociedad civil, pudimos analizar ciertos efectos negativos de este fenómeno, que se agudizan cuando se trata de personas con discapacidad. Entre otras cosas, detectamos la profundización de patrones discriminatorios de matriculación en escuelas privadas, con la consiguiente exclusión de estudiantes por motivos de discapacidad”, dijeron desde Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
A lo que se agregaron: “Asimismo, identificamos un aumento de la segregación y estratificación educativa, debido a la creación de programas educativos sobre-especializados y destinados a determinados grupos de personas. Por otro lado, observamos que las lógicas de mercado favorecen la estandarización de los métodos de enseñanza, los contenidos y las evaluaciones, reduciendo la flexibilidad necesaria para la implementación de apoyos y ajustes razonables, y advertimos que las instituciones privadas tienden a trasladar los costos de dichos apoyos a las familias de los alumnos y alumnas con discapacidad”.
A partir de este análisis, se concluyó que los principios que gobiernan los mercados educativos competitivos con alta presencia de actores no estatales (eficiencia de costos, innovación, estandarización, autonomía, libertad de elección y competencia), tienden a entrar en contradicción con aquellos que sustentan la educación inclusiva. Frente a ello, es importante recordar que el Estado tiene la obligación primordial e indelegable de garantizar una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad a todas las personas, y el deber de controlar que todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, respeten los derechos humanos.
